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Madrid, final de Junio.
El Observatorio Crítico Socioambiental surge como un punto de encuentro, de creación de vínculos y de profusión de ideas. Un lugar donde exponer puntos de vista críticos con el actual modelo de desarrollo. Un atril desde donde poner nuestro grano de arena para intentar entender, caracterizar y buscar soluciones a la crisis civilizatoria en la que nos vemos inmersos.

Si nuestros sistemas políticos fueran lo que dicen ser, en todos los parlamentos se estaría discutiendo ahora una gráfica elaborada por Mathis Wackernagel, investigador del Global Footprint Network (California). Pero no parece que el asunto haya llamado demasiado la atención. Y sin embargo, la gráfica resulta demoledora para las más firmes certezas de nuestra clase política y, por supuesto, para los criterios más evidentes de los votantes. Sobre todo, en un mundo político en el que izquierda y derecha se llenan la boca con los objetivos del “desarrollo sostenible”.
La cosa es bien sencilla. El eje vertical representa el Índice de Desarrollo Humano (IDH), elaborado por Naciones Unidas para medir las condiciones de vida de los ciudadanos tomando como indicadores la esperanza de vida al nacer, el nivel educativo y el PIB per cápita. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) considera el IDH “alto” cuando es igual o superior a 0’8, estableciendo que, en caso contrario, los países no están “suficientemente desarrollados”. En el eje horizontal se mide la cantidad de planetas Tierra que sería preciso utilizar en el caso de que se generalizara a todo el mundo el nivel de consumo de un país dado. Wackernagel y su equipo hicieron los cálculos para 93 países entre 1975 y 2003. Los resultados son estremecedores y sorprendentes. Si, por ejemplo, se llegara a generalizar el estilo de vida de Burundi, nos sobraría aún más de la mitad del planeta. Pero Burundi está muy por debajo del nivel satisfactorio de desarrollo (0’3 de IDH). En cambio, Reino Unido, por ejemplo, tiene un excelente IDH. El problema es que, para conseguirlo, necesita consumir tantos recursos que, si su estilo de vida se generalizase, nos harían falta tres planetas Tierra. EEUU tiene también buena nota en desarrollo humano; pero su “huella ecológica” es tal que harían falta más de cinco planetas para generalizar su estilo de vida.
Repasando el resto de los 93 países, se comprende que hay motivos para que el trabajo de Wackernagel se titule El mundo suspende en desarrollo sostenible. Como no hay más que un planeta Tierra, es obvio que sólo los países que se sitúen en el área coloreada de la gráfica (por encima de un 0’8 en IDH, sin sobrepasar el número 1 de planetas disponibles) tienen un desarrollo sostenible. Sólo los países comprendidos en esa área serían un modelo político a imitar, al menos para aquellos políticos que quieran conservar el mundo a medio plazo o que no estén dispuestos a defender su derecho (¿quizás racial, divino o histórico?) a vivir indefinidamente muy por encima del resto del mundo.
Ahora bien, ocurre que el área en cuestión está prácticamente vacía. Hay un solo país en el mundo que –por ahora al menos– tiene un desarrollo aceptable y sostenible a la vez: Cuba.
La cosa, por supuesto, da mucho que pensar. Para empezar porque es fácil advertir que la mayor parte de los balseros cubanos huyeron y huyen del país buscando ese otro nivel de consumo que no puede ser generalizado sin destruir el planeta, es decir, reivindicando su derecho a ser tan globalmente irresponsables, criminales y suicidas como lo somos los consumidores estadounidenses o europeos. Tendríamos muy poca vergüenza, desde luego, si condenásemos la pretensión de los demás de imitar el modo como devoramos impunemente el planeta. Pero se reconocerá que la imagen mediática del asunto cambia de forma radical: de lo que realmente huyen es del consumo responsable en busca del Paraíso del consumo suicida y, por intereses estratégicos de acoso a Cuba, se les recibe como héroes de la Libertad en vez de cerrarles las puertas como se hace con quienes huyen de la miseria, por ejemplo, de Burundi (a quienes se trata como una plaga de la que hay que protegerse).
A nivel general, la cosa es mucho más interesante. Es muy significativo que el único país sostenible del mundo sea un país socialista. Suele ser un lugar común entre los economistas que el socialismo resultó ruinoso e ineficaz desde un punto de vista económico. Sorprende que, en un mundo como éste, la falta de competitividad pueda aún considerarse una acusación de peso. En términos de desarrollo sostenible, la economía socialista cubana parece ser máximamente competitiva. En términos de desarrollo suicida, no cabe duda, el capitalismo lo es mucho más.
El mayor reproche que se puede hacer al sistema capitalista es, precisamente, que es incapaz de detenerse e incapaz incluso de ralentizar la marcha. El capitalismo es un sistema preso de su propio impulso. El economista J. K. Galbraith decía que “entre los muchos modelos de lo que debería ser una buena sociedad, nadie ha propuesto jamás la rueda de la ardilla”. Sin embargo, nos encontramos con que, aunque nadie lo haya propuesto, este absurdo parece haberse impuesto de hecho: en el capitalismo cada uno trata de imponerse a la competencia aumentando su productividad para no perder mercado pero, al encontrarse todos en la misma carrera, no llega nunca el momento en que pueda detenerse este aumento ininterrumpidamente creciente del ritmo y la consiguiente dilapidación de recursos.
Ante esta dinámica absurda, debemos exigir el derecho a pararnos. No podemos permitir que nuestros ministros de Economía nos sigan convenciendo de que “crecer” por debajo del 2 ó 3% es catastrófico, y no podemos permitir que nuestros políticos sigan proponiendo como solución a los países pobres que imiten a los ricos. Es materialmente imposible. El planeta no da para tanto. Cuando proponen ese modelo saben que, en realidad, están defendiendo algo muy distinto: que nos encerremos en fortalezas, protegidos por vallas cada vez más altas, donde poder literalmente devorar el planeta sin que nadie nos moleste ni nos imite. Es nuestra solución final, un nuevo Auschwitz invertido en el que en lugar de encerrar a las víctimas, nos encerramos nosotros a salvo del arma de destrucción masiva más potente de la historia: el sistema económico internacional.

1. El debate sobre agrocombustibles y agrocarburantes tiene implicaciones de muy largo alcance. Por una parte, está íntimamente conectado con la crítica del insostenible modelo actual de transporte (y, por ahí, con la crítica de la globalización neoliberal). Por otra parte, las futuras sociedades sostenibles deberán basarse ampliamente en recursos renovables, lo cual quiere decir: energías renovables (en lo que hace a energía) y biomasa (en lo que hace a materiales). Así, en los decenios próximos se incrementará constantemente la competencia por un recurso básico y escaso: el suelo fértil. La producción basada en recursos fósiles y minerales retrocederá en beneficio de la producción basada en biomasa (no sólo alimentos, fibras y agrocombustibles, sino también, por ejemplo, materiales básicos para la química verde), lo cual por una parte introducirá nuevas tensiones en agrosistemas y ecosistemas ya muy tensionados, y por otra parte acrecentará el peso económico y sociológico del agro.
2. Hoy, según
El debate actual sobre agrocombustibles y agrocarburantes muestra que seguimos teniendo inmensas dificultades para interpretar los problemas ecológicos como problemas esencialmente de escala (sistemas socioeconómicos demasiado grandes en relación con la biosfera que los contiene). ¡Incluso el movimiento ecologista, en este debate, tiene dificultades para situarse a la altura de sus propios valores y conocimientos!
3. El problema de fondo es el sobreconsumo energético: de ahí la importancia decisiva de la autolimitación (ahorro y conservación de la energía). En particular, intentar mantener los niveles actuales de consumo de carburantes para transporte es insensato, ya provengan los mismos de combustibles fósiles o de biomasa. Como dicen los Sin Tierra de Brasil, "el modelo actual de desperdicio energético y de transporte individual debe ser sustituido por un modelo fundado en el transporte colectivo".
En una perspectiva de sostenibilidad, hemos de promover el uso de recursos renovables a expensas de los no renovables: pero desde la clara conciencia de que la mera sustitución de unos por otros, dentro del marco actual, no supondrá avances significativos. Es menester cambiar ese marco -las pautas actuales de producción y consumo- de forma que se vuelva factible reducir drásticamente el consumo de energía y materiales en el Norte sobredesarrollado -y a escala mundial--, asegurando al mismo tiempo la razonable satisfacción de las necesidades humanas básicas.
4. "Biocombustibles" o "agrocombustibles" son muchas cosas diferentes, y hay que distinguir. No se puede resolver el debate con un "sí a todo" o con un "no a todo". Una cosa es el aprovechamiento de biomasa residual (p. ej. biodiésel a partir de aceites usados) y otra muy distinta el uso de superficies agrarias para cultivos energéticos (p. ej. plantaciones para aceite de palma en zonas tropicales) en un planeta que es un full-world, que ya está lleno o saturado ecológicamente. Por lo que hoy sabemos, en el desarrollo de sus plantaciones Indonesia -orientada al mercado mundial- parece estar haciéndolo muy mal, mientras que Uruguay -con un modelo de desarrollo autocentrado- parece hacerlo bastante bien, etc.
5. Pero, por desgracia, los agrocombustibles y agrocarburantes sostenibles sólo harían una pequeña aportación al actual consumo energético; aportaciones significativas serían sin duda insostenibles. Por tanto, no suponen ninguna panacea para la crisis energética.
De manera general, una sociedad basada en energías renovables (incluyendo la energía procedente de biomasa) resultará sostenible sólo con niveles de consumo energético muy inferiores a los que hoy prevalecen en los países industrializados. El intento de mantener los niveles de consumo con mera sustitución de fuentes -introduciendo, por ejemplo, mucho agrocombustible o mucha energía nuclear- lleva previsiblemente al desastre.
6. Los problemas principales --¡y son muy graves!-- de los agrocombustibles y agrocarburantes importados son la desforestación y destrucción de ecosistemas (presiones en zonas ecosensibles ya muy amenazadas, como las selvas tropicales); los efectos sobre la fertilidad del suelo, la disponibilidad y calidad del agua y la utilización de plaguicidas; los desplazamientos de cultivos (que pueden en peligro la seguridad alimentaria); y la expulsión de poblaciones en amplias zonas del mundo. Y ello ¡sin lograr reducir significativamente el uso de combustibles fósiles, si no cambian las pautas de producción y consumo!
7. Tratemos de avanzar un poco en el "distinguir" (tesis 4).En mi opinión, hay poco que objetar al aprovechamiento de la biomasa residual (p. ej., restos de cosecha, residuos orgánicos de la industria agroalimentaria o lodos de depuradoras)... excepto, para una fracción importante de la misma y para bastantes países del mundo (entre ellos España), que se desaproveche la ocasión de enriquecer los suelos empobrecidos con aportes de materia orgánica. Como la biomasa sólo puede emplearse una vez, en bastantes casos favorecer los agrocombustibles puede significar perjudicar la agricultura ecológica.
8. Tampoco parece objetable la obtención de agrocarburantes como subproducto: biodiésel de aceite de soja, por ejemplo, cuando la soja no es importada masivamente (puesto que todo el contenido proteico de la soja se aprovecha como producto principal); o bioetanol como subproducto de "biorrefinerías" cuya producción principal sean materiales para la química verde. Pero hay que tener claro que de aquí sólo saldrían pequeñas cantidades de agrocarburantes (en comparación con los enormes consumos actuales).
9. Hemos de defender la preferencia de los usos alimentarios de la tierra, y la soberanía alimentaria: "deben encontrarse otras alternativas a los combustibles, pero tengan por seguro que no hay ninguna otra alternativa a la comida" (Lester R. Brown). Incluso analistas más bien conservadores, como los economistas de
10. Tal y como antes se indicó, también debería tener preferencia la biomasa para compost y para biofumigación--en lugares como España, seco país mediterráneo sin grandes excedentes de biomasa-- frente a los biocarburantes.
11. Uso energético e industrial sostenible de la biomasa querría decir: pequeñas plantas eléctricas, plantas de procesamiento y biorrefinerías junto a los campos de cultivo autóctonos. Y no quiere decir: enormes plantas de biocarburantes junto a los puertos de mar, para recibir cereales y semillas desde fuera. Pero lo segundo es lo que se está construyendo en España.
12. El transporte motorizado en
13. Por ello, creo que en las condiciones actuales hay que pedir la abolición de los objetivos obligatorios para agrocarburantes en
15. Hoy está meridianamente claro que ni el etanol a partir de cereales, ni el biodiésel a partir de colza, son buenas ideas --sobre todo en nuestro país. En cambio pueden serlo --según y cómo se hagan las cosas, y dentro de un marco general de autolimitación-- el etanol a partir de remolacha (o de caña azucarera, en los trópicos) o el biodiésel a partir de algas.
16. Probablemente vale la pena impulsar la producción de bioetanol celulósico (con rendimientos bastante mejores que el procedente de cereales), pero con las mismas cautelas anteriores: no se puede esperar reemplazar así parcialmente los combustibles fósiles para automoción sin rebajar muy sustancialmente el nivel de movilidad privada. El problema no son los agrocombustibles: el problema son los demasiados automóviles, camiones y aviones. En transporte, como criterio general, estimo que habría que ir hacia el hidrógeno procedente de fuentes renovables (y no tanto hacia los agrocombustibles, si hablamos de Europa).
17. El sobredesarrollo del Norte absorbe los recursos del Sur. Hay ya un exceso de tierras en países del Sur dedicadas a alimentar la cabaña ganadera de los países ricos. Si países europeos como Holanda o España (o incluso Francia, uno de los mayores productores y exportadores mundiales de cereales) pueden permitirse el lujo de exportar cereales y carne, es porque importan grandes cantidades de oleaginosas de países donde hay hambre. A esta "importación de suelo" (y de agua, y de otros recursos naturales) vía piensos para el ganado ¿vamos a añadir ahora la de los biocombustibles? ¿Con el enorme tirón de demanda que proviene del sobredimensionado parque automovilístico de los países ricos?
18. El sobredesarrollo del Norte ocupa excesivo espacio ecológico. Cálculos recientes sobre la apropiación de producción primaria neta de las plantas terrestres por los seres humanos arrojan un valor del 23'8%. ¡Casi la cuarta parte del total! Esto revela la intensidad del dominio humano sobre la biosfera. De ello, el 53% corresponde a cosechas, el 40% a cambios de productividad inducidos por cambios de usos de la tierra, y el 7% a fuegos causados por seres humanos. Los autores del estudio recomiendan mucha prudencia frente a planes ambiciosos para sustituir combustibles fósiles por biomasa, que se traducirían en presiones adicionales masivas sobre los ecosistemas.
El eminente agroecólogo Miguel Ángel Altieri tacha el bioetanol de "imperialismo ecológico". No se puede, a la vez, pedir a Brasil que se convierta en exportador mundial de bioetanol de caña y biodiésel de soja y que conserve los restos de bosque tropical y subtropical que le quedan; ni se puede, a la vez, pedir a Indonesia que inunde los mercados con biodiésel de palma aceitera y que deje de expulsar a los campesinos, y que proteja a los últimos orangutanes.
19. Un uso sostenible de la tierra -ese recurso productivo básico, que es al mismo tiempo un sistema vivo- implica autolimitación. En la práctica eso quiere decir sobre todo, en nuestra vulnerable biosfera y a comienzos del siglo XXI: gestión de la demanda para reducir la movilidad individual motorizada, y para reducir el consumo de carne. Creo que hay que insistir una y otra vez en estas propuestas de autocontención: no podremos liberar tierra suficiente para los nuevos usos (y para acoger a la población humana aún infraconsumidora, y la aún por venir) sin (a) empujar nuestros sistemas de transporte hacia las formas de transporte colectivo por tierra y mar (mucho más eficientes que el transporte individual y el transporte aéreo), así como hacia el transporte no motorizado (pedalear y caminar más); y (b) empujar nuestras dietas hacia los primeros escalones de la pirámide alimentaria (o la cadena trófica), vale decir, consumir muchos más vegetales y mucha menos carne y pescado.
20. Por desgracia, la mayoría de la sociedad sigue abrigando la nefasta ilusión de que milagrosos avances técnicos evitarán que tengamos que cambiar los dispendiosos "estilos de vida" basados en el sobreconsumo de energía y materiales. La apuesta de
por Carlos TaiboAunque sobran los datos que invitan a recelar de ello, lo cierto es que el crecimiento económico se nos presenta como la panacea resolutora de todos los males. A su amparo –se nos dice– el desempleo se mantendrá en niveles razonables, los servicios sociales no retrocederán y haremos frente a la pobreza y a la desigualdad. La monserga correspondiente, nunca acompañada de argumentos sólidos que ratifiquen su buen sentido, obedece ante todo al propósito de cancelar cualquier reflexión sobre algunas de las secuelas, nada despreciables, que –éstas, sí, fáciles de comprobar– se siguen del crecimiento. Citemos entre ellas el despliegue de agresiones medioambientales acaso irreversibles, un progresivo agotamiento de materias primas que reduce peligrosamente los derechos de las generaciones venideras o, en suma, la visible ausencia de políticas que, en serio, atiendan a una distribución más justa de los recursos y no fíen ésta en las virtudes mágicas de alguna interesada superstición económica.
Claro es que la apuesta omnipresente por el crecimiento tiene una consecuencia adicional en la consolidación de lo que más de uno ha entendido que era un modo de vida esclavo. Al fin y al cabo, el esquema principal en el que se asientan muchas de nuestras relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas es el que bebe de la idea de que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y más podamos consumir. Clive Hamilton, un profesor australiano que se ha interesado por estas cosas, ha llamado la atención sobre una de las paradojas del momento: “Después de habernos explicado durante décadas que seremos libres si permitimos que el mercado haga lo que antes hacían los gobiernos, ahora los neoliberales nos dicen que no podemos zafarnos de los dictados del mercado”.
Y, sin embargo, frente a la ausencia de respuesta, que empieza a ser dramática en la izquierda política y sindical, se barrunta un principio de reacción que nace de la vida cotidiana de muchos de los habitantes del Norte desarrollado. El recién mencionado Hamilton ha tenido a bien rescatar el resultado de una encuesta que concluye que un 42% de las mujeres y un 54% de los varones preferirían trabajar menos horas. Cada vez se hace más común –precisemos que hablamos de países del Norte en los que los servicios sociales se hallan razonablemente asentados y la riqueza acumulada es más que notable–, por otra parte, que quienes han perdido su puesto de trabajo confiesen sentirse más felices una vez se ha hecho valer esa circunstancia, tras haber acometido sin pesar una más que posible, y sensible, reducción de sus niveles de consumo. Se acumulan, en suma, los estudios que concluyen que, a partir de determinado nivel de ingresos, el incremento en estos últimos –por lógica resultado de un aumento paralelo en la carga de trabajo– a duras penas proporciona ganancias en materia de felicidad objetiva.
A circunstancias similares a las invocadas se refirió el fallecido André Gorz cuando habló de la necesidad de “obligar al capital a poner el ahorro en tiempo de trabajo a libre disposición de una sociedad en la que dejen de predominar las actividades sometidas a racionalidad económica”. Por detrás se aprecia algo importante: un designio de agarrar por los cuernos el toro sagrado del trabajo en general –releamos, por cierto, El derecho a la pereza, de Lafargue– que, huyendo de la lógica productivista e insolidaria que todo lo inunda, vaya más allá del muy loable propósito de encarar la maldad intrínseca del trabajo asalariado. Hablo –conviene precisarlo una vez más– de muchas de las realidades que se hacen valer en el mundo rico, y no de las propias de otros lugares en los que, aun así, se impone que se sopesen críticamente, también, las presuntas bondades del crecimiento y del desarrollo, y que se busquen horizontes marcados por otros valores.
Que el debate sobre el crecimiento y sus virtudes no haya germinado entre nosotros, en el escenario que nos es más próximo, resulta tanto más llamativo cuanto que la aparente bonanza registrada en los últimos años por la economía española mucho le ha debido a algunas de las formas más depredadoras de aquél. Si triste ha resultado ser la aceptación de un crecimiento que mucho le debía al negocio inmobiliario, y ello pese a que todos teníamos conocimiento de sus dobleces, hora es de preguntarse si una cabal recesión no puede convertirse en afortunado y poderoso estímulo para que tiremos por la borda algunos de los prejuicios que nos atenazan. Lo que hay que reivindicar, en las palabras de Serge Latouche, es “una sociedad fundamentada más en la calidad que en la cantidad, en la cooperación más que en la competición, una humanidad liberada del economicismo, que busque la justicia social como objetivo”.
Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid
Ilustración de Daniel Roldán
Si analizamos los procesos que están teniendo lugar en el escenario de la civilización occidental, podremos descubrir con sorpresa que mientras la biología se sitúa en el centro de muchos de los debates –biotecnología, agrocombustibles- el interés en la conservación de la biodiversidad vuelve a retroceder en las agendas de la mayoría de los gobiernos del mundo.
El acercamiento a la conservación, carente de lógica pragmática y situando la misma como una cuestión económica, con un ímpetu cercano a la demencia, ha llevado a ver la biodiversidad como una ‘materia prima’ que necesita preservación. Éste enfoque facilita hacer de la conservación de la biodiversidad algo ‘vendible’, con una consecuencia inevitable: ni la diversidad, ni el acceso de las personas a la misma están asegurados para el futuro. Además, la introducción de estos ‘nuevos’ conceptos en el mundo de la conservación cumple con un objetivo primordial : distraer nuestra atención y hacernos olvidar los principales problemas económicos, políticos y ecológicos que tienen relación con el uso, control y mala distribución de los recursos biológicos.
La idea permanente(mente equivocada) de que el desarrollo tecnológico facilitará la conservación de la biodiversidad pasa por la idea general de que el desarrollo mismo solucionará todos los problemas ecológicos que pueden encontrarse en nuestro Planeta. Ésta falacia nos hace olvidar una cuestión fundamental: la diversidad de corporaciones y productos no es igual a la diversidad biológica y evidentemente, no podrá ser jamás un sustituto de la evolución natural de las especies. Es desde este argumento, desde el que se plantea la necesidad del control rígido sobre las aplicaciones de la biotecnología, dado que, contando –como toda tecnología- con aplicaciones positivas, su principal aportación es la de crear uniformidad en los códigos genéticos de especies.
Biodiversidad y Biopiratería.
La biodiversidad ha sido y será la fuente de recursos que suple todas las necesidades básicas de una gran parte de la población mundial. La grandeza que se puede encontrar en una entidad tan simple como puede ser una semilla es lo que la hace única: es a la vez un producto y un medio de producción.
La biopiratería – utilización ilegal o irregular de elementos de la biodiversidad o de los conocimientos indígenas asociados, asociado también a invenciones protegidas por derechos de propiedad intelectual- sin embargo, rompe con ese ciclo vital, eliminando lo que ‘hace semilla’ a la semilla (R.A.E.; semilla: Grano que en diversas formas produce las plantas y que al caer o ser sembrado produce nuevas plantas de la misma especie).
La utilización de la biotecnología para modificar genéticamente variedades agrícolas en todo el mundo con la intención de convertirlos en un producto de mercado ( hay que comprender que un campesino con una buena base de semillas no necesitaría en absoluto comprarlas) para producir una semilla desnaturalizada, incompleta y rota, dado que no se reproduce por sí misma y no produce en absoluto, siéndole robada toda la esencia que la caracteriza, es un ataque directo al ciclo biológico natural, puesto que rompe el ciclo lógico de desarrollo agrícola semilla-cultivo-semilla.
Patentes y Propiedad Intelectual.
Desde las grandes corporaciones dedicadas a la biotecnología se suelen oír voces que arguyen que el suministro gratuito de semillas ‘mejoradas’ genéticamente a los habitantes de la zona de origen de la misma es ridículo, dado que solo ‘tras un proceso científico’ éstas adquieren valor.
La perversidad de ésta afirmación denota el interés real por la biodiversidad de éstas corporaciones, dado que asumen que el trabajo de generaciones de indígenas no posee ningún valor, mientras que el de las compañías occidentales añade valor y sobre todo, que éste valor solo ha de ser medible acorde a criterios de mercado. Mientras no existe razón epistemológica para tratar a un cierto material genético como ‘sin valor y público’ y a otro como ‘con valor y privado’, queda claro que los únicos motivos son los político-económicos.
Desde el punto de vista de la apropiación de valores colectivos, como son los recursos genéticos, remitiéndonos a Proudhon, de un modo anecdótico, recordamos: “La propiedad como hecho y como derecho, es esencialmente contradictoria, y por esta razón misma, puede decir que es algo. Y en efecto: La propiedad es el derecho de ocupación, y al mismo tiempo el derecho de exclusión... la propiedad es una institución de justicia, y la propiedad es el robo’’ . El gran problema al dar por sentada la noción de propiedad , es que cualquier discusión sobre la biopiratería nos llevará a caminos sin salida. Debemos comprender que existen ‘entes’ de cuya propiedad no se puede (o no se debería) disponer, puesto que pertenecen al conjunto de la sociedad humana, dado que, ¿quién ha dicho que la biodiversidad le pertenece a alguien?, de ser así ¿no pertenecería a aquellos que han sido capaces de trabajar colectivamente con y por ella durante centenares de años?.
Sin embargo, ante la idea de la propiedad colectiva, la ley de propiedad intelectual , española en su artículo 8, dice así: ‘Salvo pacto en contrario, los derechos sobre la obra colectiva corresponderán a la persona que la edite y divulgue bajo su nombre’.
Estado Español y Biopiratería.
En nuestro país, la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de utilidad en su art.4 reconoce que 2. La materia biológica aislada de su entorno natural o producida por medio de un procedimiento técnico podrá ser objeto de una invención, aun cuando ya exista anteriormente en estado natural. Sin embargo, más adelante en su artículo 5, se dice que no podrán ser objeto de patente: Las variedades vegetales y las razas animales , ni Los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales.
En este momento hemos de preguntarnos: ¿Existe un problema conceptual en nuestra legislación? , ¿No es una semilla, un ‘procedimiento biológico de obtención de vegetales’?.
Bien, la patente de invención es un título otorgado por el Estado que da a su poseedor el derecho de explotar la invención en exclusiva por un período de 20 años, y constituye actualmente el sistema más utilizado de protección de los recursos genéticos. Sin embargo, hemos visto que ni variedades vegetales, ni los procedimientos de reproducción de éstas son patentables, por lo que , desde nuestro punto de vista, se habría de entender la patente sobre recursos genéticos como un ente de protección medio ambiental a usar en un caso extremo de necesidad. Existe un vacío legal , que ofrece demasiadas interpretaciones y que permite, en todo caso, continuar con el saqueo y la explotación de los recursos pertenecientes a comunidades indígenas del planeta ( violando los saqueadores en todo caso, la ley de propiedad intelectual).
Convención sobre Diversidad Biológica
Frente al vacío legal que permite la biopiratería, la Convención sobre la Diversidad Biológica de 1993, firmada por más de 180 países, en su artículo 19 establece que:Cada miembro tomará todas las medidas prácticas para promover y avanzar en el acceso prioritario justo y equitativo, en particular por parte de los países en vías de desarrollo, a los resultados y beneficios que surgan de las biotecnologías que surjan de los recursos genéticos provistos por tales países.
Sin embargo, y pese al reconocimiento ( más bien vago ) de la CSDB, abogados especialistas en leyes sobre propiedad intelectual, como Michael A. Gollin, consideran que la Biotecnología aplicada a los recursos genéticos-biológicos "infringe los derechos soberanos de las naciones, disminuye la salud económica de las comunidades indígenas y reduce o destruye las especies".
Ante esta perspectiva, ¿ cuál es la protección real que ofrece nuestra legislación, no solo a nosotros mismos ante los productos modificados genéticamente, si no a nuestros recursos genéticos y a los de otras poblaciones?. Mientras la legislación es bastante laxa y vaga, pareciéndose que permite lo que en otros artículos prohíbe con cierta explicitud, el vacío legal ofrecido da lugar al juego biotecnológico que arrastra a cientos de miles de personas en países del Sur a la ruina funcional y se apropia de sus recursos y conocimientos, que han pasado de generación en generación, para destruirlos como tal. No es posible que el que modifica genéticamente una planta reciba mayor retribución y beneficio que aquél que la ha domesticado y seleccionado durante generaciones, siendo esto un gravísimo ataque a la identidad cultural ( reconocido como riqueza biológica ) de casi todos los pueblos del planeta, con excepción de las sociedades desde las cuales se orquesta la estrategia de la biotecnología.

El pasado 17 de abril, se celebró, como viene siendo habitual en los últimos años, la jornada global de lucha campesina impulsada por el movimiento internacional Vía Campesina, que integra a millones de trabajadores y trabajadoras del campo en todo el mundo. Una jornada que este año ha tenido como objetivo denunciar el impacto de las corporaciones transnacionales agroindustriales en el modelo agrícola y alimentario, y su papel en la generación de pobreza, hambre, intimidación y destrucción del medio ambiente a escala global.
No en vano, cada año desaparecen en el territorio español una media de 37.000 explotaciones familiares y en la Unión Europea, unas 200.000. La renta agraria de las y los campesinos del Estado disminuye anualmente, situándose en tan sólo un 58% de la renta general, lo que significa más pobreza y menos poder adquisitivo para aquellos que viven, producen y cuidan de nuestros campos. Por el contrario, son las grandes explotaciones las que reciben la mayor parte de las subvenciones. En el año 2005, por poner un ejemplo, seis grandes familias de la oligarquía andaluza fueron quienes más se beneficiaron de estas ayudas, recibiendo un total de casi 12 millones de euros. Una dinámica que se repite año tras año.
Pero este retrato a escala estatal es tan sólo un reflejo de lo que ocurre a nivel internacional. Las políticas de las instituciones financieras internacionales, de la Organización Mundial del Comercio, los Acuerdos de Asociación Económica (EPA), la Política Agraria Común… promueven un modelo de agricultura basado en el cultivo intensivo, la privatización de los recursos naturales y el libre comercio. En definitiva, una producción al servicio de los intereses de las multinacionales del agribusiness.
Este sistema tiene graves consecuencias medioambientales y sociales. Se trata de un modelo que promueve el uso de químicos, pesticidas, organismos genéticamente modificados… en aras de una mayor productividad y rentabilidad sin tener en cuenta las consecuencias de estas prácticas en el medio ambiente, y en la salud de la mano de obra y de las y los consumidores. Un modelo productivo que prima determinadas variedades más resistentes y comerciales generando una pérdida en la biodiversidad y una homogeneización en nuestro consumo. En pocas palabras, una dinámica que antepone los intereses económicos de las grandes multinacionales por encima de las necesidades de las comunidades y los límites de los recursos naturales.
Este modelo de producción agroalimentaria también tiene una relación directa con el creciente calentamiento global. La agricultura y la ganadería industrializadas con la práctica del monocultivo, la destrucción de tierras, el transporte intercontinental de alimentos, entre otros, generan las mayores tasas de emisión de gases de efecto invernadero y, en consecuencia, son responsables del cambio climático, incluso por encima de sectores como el energético y el transporte.
Frente a esta situación, cada vez son más los actores sociales (campesinos, ecologistas, sindicalistas y consumidores) que se unen para afirmar que la agricultura no es una mercancía, que los recursos naturales (el agua, las semillas, las tierras, los bosques…) tienen que estar en manos de los pequeños productores y que no se puede privatizar ni especular con aquello que pertenece desde hace siglos a los pueblos.
Se trata de defender la soberanía alimentaria, el derecho de las comunidades a decidir sus propias políticas agrícolas y de alimentación, a proteger y a regular la producción y el comercio interior con el objetivo de conseguir un desarrollo sostenible y garantizar la seguridad alimentaria. Es necesario priorizar los mercados locales y nacionales, fortalecer la agricultura, la pesca y la ganadería familiar, organizando la producción de alimentos, la distribución y el consumo sobre la base de la sostenibilidad social, económica y medioambiental. Alcanzar estos objetivos requiere de una estrategia que rompa con las políticas agrícolas neoliberales impuestas por la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
Debemos de recordar que la denuncia de este modelo agroindustrial y la apuesta por una agricultura que sitúe en su centro al medio ambiente y a las personas es una cuestión que nos atañe a todas y a todos. No se trata de un combate fácil: es David contra Goliat, pero como cuenta la leyenda, al final fue David quien acabó con el gigante.

La sociedad Ruandesa destaca en África por una característica inimaginable: el país está habitado por una sola comunidad, los banyaruanda. Pero la historia reciente que todos reconocemos está salpicada de catástrofes humanas que en occidente hemos querido asociar indudablemente a motivos raciales o étnicos. En Ruanda, sin embargo, no existe una diferenciación tribal o racial; la división es en castas. Por un lado los tutsis, que siempre han sido ganaderos y suponen un 14% de la población, por otro los hutus, tradicionalmente agricultores y que alcanzan un 85% de población y en último lugar los twa, minoría del 1% que han sido, normalmente, criados. No se conoce con exactitud el momento en el que se estableció la diferenciación, pues si bien es cierto que fueron los distintos gobiernos coloniales (Alemania y Bélgica) los que acentuaron la polarización de la sociedad, hay que remarcar de nuevo que las castas sociales siempre han estado bien definidas. Parece ser que fueron los hutus los que llegaron primero, procedentes del sur y el oeste, mientras los tutsis lo hicieron desde el norte; sin embargo, han sido los tutsis los que siempre han gobernado el país, bajo una monarquía tutsi cuyo origen no es del todo claro, dado que no existen escritos de la época. Es decir, por un lado, tenemos una minoría dirigente, dedicada a la ganadería y cuyo rango se diferencia en relación al número de cabezas de ganado que posea cada familia y por el otro a una mayoría agricultora, cuya población crece a un alto ritmo y que han de compartir terrenos con el ganado de la minoría gobernante. Si pensamos en la vecina Burundi, las características son extremadamente parecidas. Pero sobre todo coinciden en una cosa: son los países con mayor densidad de población de África, 10 veces superior a la de la vecina Tanzania.
Si bien es cierto que prácticamente todas las cuestiones históricas, sociales o antropológicas que rodean al conflicto de Ruanda (y en menor medida a Burundi) han sido profundamente estudiadas, existen factores sobre los cuales se ha pasado de puntillas, intentando ignorar la importancia de estos en el desarrollo y desenlace del mismo. El hecho de que se hayan ignorado estos factores, no es más que una caracterización de la simpleza con la cual han sido tratados ciertos asuntos desde el mundo occidental. Habitualmente, el conflicto Ruandés es descrito como la aberrante explosión de los odios raciales acumulados a lo largo de los años, que habían sido acentuados por la dominación alemana (que vió con buenos ojos utilizar a la minoría tutsi para manejar el país a costa de la explotación y maltrato de los hutus) y posteriormente, belga, que habían continuado con la separación de castas, aumentando la diferenciación con ‘carnets’ de pertenencia a un grupo u otro. Sin embargo, ésta descripción no es del todo cierta o no se atañe a la realidad de lo acaecido durante el genocidio ruandés. De ser solamente un conflicto ‘racial’ entre hutus y tutsis: ¿por qué fueron asesinados casi en su totalidad los twa?¿por qué los asesinatos en las zonas mayoritariamente habitadas por hutus alcanzaron tasas muy similares a zonas con mucha población tutsi?. Son preguntas que dificilmente encuentran respuesta si realizamos nuestro análisis fijándonos en criterios puramente raciales.
Población, deforestación y erosión.
Sin embargo, ¿qué pudo haber influido en el asesinato de miles de hutus a manos de otros hutus?.
Volvamos de nuevo sobre las características climáticas de Ruanda: altitud elevada y pluviosidad moderada. Ambas cuestiones han sido de gran importancia, influyendo en otro de los factores clave para entender el desarrollo del conflicto. La pluviosidad media acompañada de una gran altitud imposibilitaron el desarrollo de enfermedades como la malaria o la enfermedad del sueño, que causan grandes problemas en el resto del continente y que se reflejó en un mayor aumento de la población. Si bien es cierto que ya antes de la llegada de los europeos la densidad de Ruanda era bastante alta, los (pocos) beneficios aportados por los colonizadores (medicina, cierta estabilidad política y sobre todo, cultivos mucho más eficientes) posibilitaron que el país alcanzara una densidad de 458hab/km2, superando en los años 80 a países como el Reino Unido, que contaba en la época con una densidad de unos 368hab/km2. Sin embargo, mientras en Europa contamos con una agricultura mayormente mecanizada e industrializada, en Ruanda las herramientas principales del agricultor siguen siendo la azada y el machete. Esto se traduce en una mucho menor eficiencia del sistema agrícola Ruandés, que obliga a la mayor parte de la población a dedicarse a la agricultura dado que se producen muy pocos excedentes y desde luego, no los suficientes para alimentar a una población como la de Ruanda. Cabe destacar que, si bien en los 80 la densidad alcanzaba los 458 hab/km2 , en la actualidad se encuentra en unos 281hab/km2 y un número cercano a los 8, 7 millones de habitantes, con lo que se puede visualizar la importancia que tuvo el conflicto ruandés en cuanto a aspectos demográficos se refiere.
Al principio de la segunda mitad del siglo XX y con un aumento poblacional notable en marcha, debido a las pocas mejoras que había sufrido la agricultura, los campesinos, en lugar de continuar explorando métodos de mejora de la eficiencia de sus cultivos, buscaban nuevos asentamientos que encontraban quemando bosques y desecando zonas húmedas, para así poder desarrollar su actividad.
Sin embargo, las conocidas consecuencias de la deforestación, es decir, la pérdida de suelo fértil y el aumento de la erosión, no tardaron en aparecer, provocando el desalojo de cientos de campesinos que con las lluvias habían perdido sus tierras o simplemente, con el paso de los años, la pérdida de la materia orgánica del suelo a causa de la deforestación y la masiva erosión a la que eran sometidos los terrenos a tal altitud, así como la explotación intensiva necesaria para sobrevivir, habían quedado estériles. La elevada densidad de población, unida a las características ambientales del entorno se tradujeron en una deslocalización de campesinos que buscando tierras, vagaban por ciertas zonas del país, apropiándose de los terrenos más inhóspitos y por ende, más incultivables que podían encontrarse, pero eso sí: los únicos que quedaban libre. Tales circunstancias proporcionaban unas explotaciones de un tamaño ínfimo, con un rendimiento bajísimo y que, sin embargo, eran de vital importancia para sus propietarios, dado que dependían prácticamente al 100% para su supervivencia. No es necesario ser un genio para imaginar que para familias cada vez más grandes, con necesidades cada vez mayores y con unas condiciones ambientales muy duras, alimentarse no era sencillo.
La consecuencia lógica que puede anticiparse es que, en un lugar donde unos metros de terreno es todo lo que separaba a una familia de morir de hambre, la propiedad de ese terreno fuera vital.
Redistribución de la propiedad agrícola.
Contando con el hecho de que, los propietarios de terrenos más grandes eran los que podían permitirse vender el poco excedente, con el cual obtenían un pequeño beneficio que acababan por invertir en la compra de terrenos pequeños aledaños a los suyos para así aumentar la próxima cosecha, no es de extrañar que hubieran muchas familias que, en una situación desesperada, podrían desear que la familia que poseía los mayores terrenos les ‘cediera’ de un modo u otro los mismos. El inicio del conflicto fue la chispa que dio lugar a la explosión de violencia vivida en el mundo rural ruandés. Las familias con menos terrenos eliminaron a las familias que poseían mayor extensión de tierras, redistribuyendo así las propiedades, sin embargo, no es difícil imaginar que casi siempre hay algunos más desposeídos, que continuaban con el ciclo asesinando a los que, con anterioridad, habían eliminado a los propietarios originales y dando lugar a una nueva redistribución de la propiedad. Y así hasta que, tras una masacre entre campesinos, el tamaño de los terrenos que se habían vuelto a redistribuir entre las familias o grupos que habían eliminado a los ‘últimos’ propietarios era tan pequeños, o si acaso poco mayor, que el terreno original con el que contaban. Ésta es una explicación de por qué en las zonas mayoritariamente hutus, las muertes habían llegado hasta casi el 6% de la población mientras en las zonas de convivencia tutsi-hutu habían alcanzado el 11%., cuando se suponía que el conflicto era, exclusivamente, una cuestión étnica o racial. En resumen, en 1994 surgió una oportunidad única para saldar cuentas y así redistribuir la propiedad agrícola.
Aprender y recordar.
Si bien es cierto que el factor ‘étnico’ o ‘de casta’ tuvo una importancia innegable en el genocidio ruandés, existen miles de muertes que fueron causadas por motivos ajenos al conflicto entre los hutus y los tutsis y sólo son explicables a través del análisis de las características ambientales que llevó a la población ruandesa a esa situación. La desesperación ante un clima cambiable, la pérdida de fertilidad del suelo y las cosechas cada vez menores pueden ser un cocktail mortal que necesite del más mínimo movimiento para explotar, como nos ha demostrado el caso de Ruanda, ante el cual hemos de aprender y prepararnos para, ante un futuro en el que la soberanía alimentaria es de vital importancia y el clima cambia inesperadamente y con las consecuencias más imprevisibles, podemos encontrarnos con situaciones similares a las que aparecieron poco antes de estallar el conflicto y que dieron lugar al mayor genocidio que hemos vivido en los últimos veinte años. Y esta vez mejor que estemos preparados para evitarlo.
